Transgéneros podrían tener acceso a los baños de edificios públicos.
Un juez federal aprobó un acuerdo legal que otorga a las personas transgénero el derecho a usar baños que coincidan con su identidad de género en los edificios públicos de Carolina del Norte controlados por el poder ejecutivo del estado.
El decreto entre el gobernador demócrata del estado y los demandantes transgénero abarca numerosos edificios estatales, incluidas las instalaciones administradas por agencias ejecutivas que supervisan el medio ambiente, el transporte y Medicaid, entre otros.
A cambio, los demandantes han acordado abandonar las acciones legales pendientes contra el gobernador y otros demandados.
El acuerdo fue firmado por el juez Thomas Schroeder después de una batalla legal de tres años que cuestiona el llamado proyecto de ley de baño de Carolina del Norte y la ley que lo reemplazó.
El acuerdo dice que los funcionarios de la rama ejecutiva, como los gobernadores actuales y futuros, así como sus empleados en las agencias estatales, tienen prohibido usar la ley actual “para prohibir, bloquear, disuadir o impedir que personas transgénero utilicen instalaciones públicas… De acuerdo con la identidad de género del individuo transgénero”.
Los líderes legislativos republicanos de Carolina del Norte, que aprobaron el “proyecto de ley del baño” y su reemplazo, se habían opuesto al decreto de consentimiento.
La ley de 2016, también conocida como H.B.2, exigía que las personas transgénero usaran baños que coincidan con sus certificados de nacimiento en los edificios del gobierno estatal y otras estructuras de propiedad pública, como paradas de descanso en carreteras, escuelas y universidades. Si bien ese requisito fue rescindido posteriormente, una ley de reemplazo detiene las nuevas ordenanzas locales contra la discriminación hasta 2020.
El presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, y el líder del Senado, Phil Berger, quienes intervinieron en el caso como acusados, instaron al tribunal federal a rechazar el decreto por consentimiento. Sus abogados argumentaron que los demandantes estaban usando la última versión del decreto de consentimiento para resucitar esencialmente los argumentos ya rechazados por el tribunal.
También argumentaron que el acuerdo sobrepasó el rol apropiado de la corte porque “pretende vincular a los funcionarios y agencias del estado de Carolina del Norte, a perpetuidad, a un acuerdo político temporal”.
Schroeder se refirió a las preocupaciones de los líderes legislativos en una orden escrita el martes, y señaló que nada en el acuerdo limita la capacidad de la legislatura para enmendar la ley de reemplazo “o aprobar cualquier ley que desee”.
El portavoz de Moore, Joseph Kyzer, dijo que los legisladores de la Cámara de Representantes estaban revisando la decisión y evaluando las opciones.
