Biden es demandado por revocar la prohibición de referir abortos de la era Trump
El principal abogado de Ohio presentó una demanda contra el gobierno de Biden el lunes para restablecer una prohibición de la era Trump sobre las derivaciones de abortos por parte de las clínicas de planificación familiar que el presidente Joe Biden eliminó a principios de este mes.
A la acción presentada por el abogado republicano Dave Yost en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Cincinnati se unieron otros 11 estados.
Lo que está en juego son las nuevas regulaciones federales establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que llevan el programa federal de planificación familiar del Título X a la forma en que funcionaba bajo la administración de Obama, cuando las clínicas podían remitir a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor.
Las dos reglas que Yost quiere que se restablezcan se aprobaron en 2019. Una requería que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales fueran física y financieramente independientes de las clínicas de aborto. El otro les exigía que se abstuvieran de derivar pacientes para abortos.
Dijo que ambas reglas fueron concebidas como cortafuegos entre los servicios de planificación familiar de las clínicas, que pueden recibir fondos de los contribuyentes, y sus servicios de aborto, que no pueden.
“No se puede ‘seguir el dinero’ cuando todo el dinero se vierte en un bote y se mezcla”, dijo Yost en un comunicado. “La ley federal prohíbe que los contribuyentes financien el aborto, y esa ley no significa nada si el dinero federal no se mantiene separado”.
La revocación de ambas reglas por parte de la administración se produjo cuando las batallas políticas y legales sobre el aborto se agudizan en medio de los crecientes esfuerzos de los republicanos para revocar el histórico Roe v. Wade en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Yost enfatizó que su demanda no cuestiona el derecho al aborto garantizado por Roe. El litigio sigue a una carta que él y otros 20 estados enviaron a Salud y Servicios Humanos en mayo advirtiendo a la administración de Biden que no revoque las reglas.
La prohibición de que las clínicas de planificación familiar financiadas bajo el Título X usen fondos públicos para abortos estaba contenida en la Ley de Investigación de Población y Servicios de Planificación Familiar de 1970, dijo Yost.
Los estados que se unen al desafío son: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental. No todos los estados participan en el Título X.
Grupos que representan a las clínicas dijeron que esperaban que la reversión de este mes condujera a unas 1.300 instalaciones locales que se marcharon en protesta para regresar.
El programa pone a disposición más de $ 250 millones al año para que las clínicas brinden control de la natalidad y servicios básicos de atención médica, principalmente a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias. Las reglas establecidas bajo el ex presidente Donald Trump, un republicano, provocaron una salida masiva de los proveedores de servicios afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.
Los grupos de mujeres etiquetaron las políticas de Trump como una “regla mordaza”, y las organizaciones médicas lo llamaron una violación de la relación médico-paciente. Pero los conservadores religiosos y sociales elogiaron la política por imponer una separación estricta entre los servicios de planificación familiar y el aborto.
