El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide extender el mandato de emergencia que le permite combatir a las pandillas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió este domingo a la Asamblea Legislativa del país que prorrogue el estado de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas a las que responsabilizan de una ola de asesinatos registradas en los últimos días de marzo.
Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.
El Congreso también reformó el Código Penal para que las pandillas, o cualquier organización conformada con el fin de delinquir, se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, aplica 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.
Desde el 27 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción, las autoridades salvadoreñas dicen que han capturado a 16,053 presuntos pandilleros, una cifra enorme en un país de solo 6.5 millones de habitantes. Según información del Ministerio Público los jueces ya han decretado detención provisional a 6,924 personas acusadas de delitos como homicidios, extorsiones, posesión de armas y agrupaciones ilícitas.
